MEXICO CLAIMS AND RISK MANAGEMENT, S. C.
CARLOS ZAMUDIO SOSA
Claims Manager
Especialistas en Reclamos y gestión del Riesgo

El Convenio Indemnizatorio

 

De la diferencia entre la obligación Asegurada como obligación abstracta y el momento de exigibilidad a la obligación Asegurada

La facultad del Ajustador en la firma de Convenios de Indemnización

Para los Seguros Comerciales, la indemnización es una obligación condicional que implica que esta se hace exigible cuando se realiza el hecho o suceso previsto como Riesgo en el Contrato de Seguro; ese evento dañoso se denomina “Siniestro” y equivale a la actualización del “Riesgo Asegurado”, al que nos referimos de forma práctica como “Riesgo Asegurable”.

Se puede aceptar que la condición a la que está sometida la obligación condicional del Asegurador es suspensiva, ya que una vez cumplidas las condicionantes precedentes (del futuro acreedor), es que nace la exigibilidad liquida y firme de indemnizar a cargo de la Institución Aseguradora.

La relevancia del “Convenio” a partir de las estipulaciones de la vigente Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF) debe analizarse desde algunos aspectos básicos que refiero solo de manera enunciativa y no por estricto seguimiento, en particular por la importancia que reviste para el Ajustador de Seguros certificado.

1) La confirmación de la exigibilidad de la obligación indemnizatoria
2) Las obligaciones y responsabilidades que nacen a la presentación del Convenio al futuro acreedor y
3) Las facultades de obligar al Asegurador

Doctrinalmente no es duda que el Contrato de Seguro presupone una obligación recíproca entre el Beneficiario (y/o el Asegurado) y la Institución Aseguradora, en la suposición de que se actualice un Riesgo Asegurado y que este evento dañoso efectivamente cause un daño patrimonial al adherente (no se tratara en este breviario las obligaciones que nacen de los Seguros de Responsabilidad Civil o el nuevo de Caución para mayor simplicidad).

Esta relación económica tiene su vínculo en la prima devengada por el Asegurado y la obligación de responder por el daño sufrido al detentador, del riesgo asumido por el Asegurador.

Así que como garantizar y asegurar no son conceptos similares así pues, el Contrato de Seguro proporciona a quien detente el legítimo interés de no verse afectado por la actualización de un hecho dañoso predeterminado, el beneficio de recuperarle de su pérdida en los términos contratados, por lo que la garantía de indemnización depende de la actualización del riesgo y la comprobación de la extensión daño, amén de tamizarle las condiciones suscritas.
Como ya se expuso, pero ahora tratado con mayor precisión, la obligación de indemnizar es un elemento sinalagmático (o bilateral imperfecto) que presupone que la obligación de indemnizar por parte del Asegurador proviene de la condición suspensiva de habérsele acreditado: 1) No solo la ocurrencia del hecho dañoso, sino también 2) La pérdida acaecida.

Por tanto presupone que el sustento probatorio es la obligación condicional del reclamante para que entre las partes se justifique el momento exacto al nacimiento de la obligación indemnizatoria.

De la revisión de algunos tratadistas (y sin adentrarnos en ello por no ser la ulterior revisión), sugieren que esta no es condición de los contratos de adhesión, pues presuponen que sería aplicable la excepción de contrato no cumplido si el Asegurado no ha comprobado los extremos de su reclamo, pero esta postura no es del todo convincente si se tiene en cuenta que para garantizar el cumplimiento de dicha obligación, el supuesto es que ese cumplimiento lo es a la satisfacción del Asegurador, lo que le vuelve incierto en tiempo y formalidades; tal posibilidad, impedida por cierto bajo las reglas generales de la “carga de la prueba” del Código de Comercio debiera de impedir pues se tornaría común el arrojar la carga de la misma al reclamante si en este caso el Asegurador no acredita sus excepciones, en particular si para sustentar la indemnización se agotaron los medios de prueba permisibles o idóneos y esta debiera tornarse líquida y exigible. Ante esta dicotomía de posiciones el “Convenio” es un documento idóneo para presumir que se han satisfecho las obligaciones del reclamante y por ende, del nacimiento de la responsabilidad indemnizatoria del ahora deudor Institución Aseguradora.

En oposición, otros más presupondrían que no es relevante la satisfacción del Asegurador respecto de la calidad de los elementos que le deban probar la ocurrencia de un hecho dañoso y su alcance, pues bajo nuestra legislación en el Art. 71 se indica que el nacimiento de un crédito (y por tanto de una obligación liquida exigible) surge 30 días después de que la Aseguradora haya recibido los documentos e información que le permita conocer los fundamentos de la reclamación, por lo que, en apariencia seria la simple omisión y silencio del Asegurador el que daría lugar a la obligación de indemnizar transcurrido ese lapso y, que por consiguiente fuese dado considerar constituido una deuda o crédito, cuando lo más exacto es que bajo tal precepto lo que se refleja es el momento para el cual se deben computar los intereses moratorios a cargo del Asegurador, articulado y tesis doctrinales y judiciales que pueden analizarse a detalle en forma separada.

Las argumentaciones entre estos opuestos serán por tanto muchas y, aunque no carentes de interés, no lo son para el propósito de identificar la relación entre el Ajustador, como presentador de una oferta indemnizatoria y su responsabilidad ante el acreedor y el deudor. Por ello la practica en los siniestros de “Daños” implicó la firma de un “Convenio de Valorización de Pérdidas Indemnizables” o cualquier otra denominación similar, pero que invariablemente ratificaba al beneficiario de la posibilidad de que el Asegurador se excepcionará conforme al Art. 119 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro en el supuesto de que cuente con elementos para ello y, nuevamente, de la capacidad para excepcionarse por parte de la Institución es un tema que puede amplísimamente ser motivo de revisión, pero no para todos los efectos de lo aquí se analiza.

Claro que las formalidades para dar cumplimiento a dicha obligación y dado que la práctica aseguradora impone diferentes momentos para el nacimiento de tal obligatoriedad de resarcir la pérdida o bien de verse en posibilidad de verse libre en algún momento de la misma, no se comentaran los fundamentos de excepción ni de los tiempos legales que el Asegurador cuenta para que sus acciones no adolezcan de imperfección, pues se repite, el interés y bajo el cual se atiende en este estudio la premisa, lo es que la Compañía no habría de intentar excusarse del pago.

Entonces, debemos al menos suponer otras formas por las que el Asegurador a consentido el “nacimiento” de la obligación indemnizatoria, y estos podrían ser cuando efectivamente liquide el primer pago de un siniestro en serie (por ejemplo de Gastos Médicos) o bien al aceptar tácitamente el inicio de los trabajos de rehabilitación (en Autos) a su taller de convenio o bien, en algunos casos y poco usuales pues es coincidente el momento en que nace y fenece la obligación cuando concreta la reposición efectiva en especie y a satisfacción de su acreedor.

En el caso de los reclamos de Gastos Médicos inclusive no es requerimiento usual convenir un “Finiquito” por cada liquidación, pues se entiende parcial y esta puedes ser pagadera a un prestador de servicios (medico, hospital, etc.), pues la naturaleza del riesgo considera la responsabilidad de indemnizar hasta el agotamiento de la Suma Aseguradora momento en que extingue la obligación, pues es incierto el momento en que se considere que la enfermedad ya no se manifestara.

Para el caso de los Automóviles la práctica asumía que era el retiro de la unidad del taller de convenio y ahora es dable conceder la firma de un “Finiquito” que muchas veces ni siquiera es hecho ante la presencia de un representante de la Aseguradora, sino ante cualquier empleado del taller a cargo y era a ese momento de signar el acuerdo, que daba presunción a dar por cumplida la obligación contraída por el Aseguradora aunque bien podrían nacer otras de responsabilidad del rehabilitador. Igual acontece para otros riesgos (rotura de cristales por ejemplo).

En cualquier caso, en el Ramo de Daños fue la práctica y no la existencia de contratos y menos aún una disposición legal expresa, la que implicó la necesidad de formalizar mediante la firma de un acuerdo de voluntades suscrito con la intermediación del Ajustador, para que el acreedor beneficiario del seguro (las más de las veces el propio Asegurado) consintiera en la aplicación de las condiciones contractuales suscritas, pero sujeto a la revision del mandatario Asegurador que se avenía con el pago a dicha conciliación y acuerdo (sin signarlo por un funcionario), para pactar, ahora sí, que en un término no mayor a 30 días se daría el resarcimiento del daño mediante el pago del importe conciliado, después de aplicar las condiciones de la Póliza.

Claro está que a la masividad de las reclamaciones, la velocidad del cumplimiento de la obligación e inclusive la tendencia del Asegurador a realizar la labor de ajuste de manera interna, que con el tiempo la propia empresa aseguradora por interposición de empleados internos de tiempo completo, quien ahora debería formalizar los acuerdos de pago y finiquito con documentos (Convenios) idóneos.
Hay que sumar a estas complejidades que con el advenimiento de las facilidades para hacer traspasos electrónicos a la cuenta del Beneficiario y en otros girar órdenes de pago, que no era dable convenir o ajustar el valor de la pérdida debida y aun considerando la estricta aplicación del Contrato, que por parte del Asegurador se tornó necesario obtener un documento que acreditase el cabal cumplimiento de su obligación contractual, por lo que el “Convenio” también pasó a ser “Finiquito” para refrendar la total liberación de obligaciones futuras por el mismo hecho.

Salvedades como esta también presupuso que tales acuerdos debieran ser más formales para convertirse en verdaderos documentos de prueba que siendo privados pudieran en caso necesario comprobar la liberación de la obligación indemnizable. Pero como se ha anotado, estos documentos son suscritos de manera suspensiva pues deben de pasar las revisiones del Asegurador (que le permitieran excepcionarse en caso necesario).

De ello debemos cuestionar si no era incorrecta la función detentada por el Ajustador, ya que siempre tuvo las facultades para “conveniar” la obligación contraída por su mandante una vez que había evaluado la procedencia del siniestro (y en fechas más reciente no era dable hacer tal oferta sin antes obtener la autorización correspondiente) aun y cuando como especialista (inclusive perito) para analizar las causas del hecho dañoso, sus extremos e influencias para aplicar los extremos del contrato y por tanto, si como Ajustador resultaba ser el idóneo solo para calcular el monto concreto bajo el cual se cumplía la contraprestación debida a la prima pagada, pero que en esencia no era formalmente a su intervención que naciera una obligación para la Aseguradora.

Además de lo antes expuesto, el Convenio como acuerdo de indemnización no solo debe presuponer que la contraprestación indemnizable es pecuniaria, sino que bajo el Art. 116 le debe ser admisible conceder a la deudora Aseguradora la posibilidad de resarcir esa pérdida mediante la reparación o reposición de la cosa asegurada para así liberarse de esa obligación en metálico, siendo que en su acepción positiva “podrá” (refiriéndose al Asegurador) presupone que no es el acreedor Asegurado o Beneficiario quien determina la forma como deberá cumplirse la contraprestación indemnizatoria del contrato, sino la Institución y, para lograr dicho acuerdo, se impone la necesidad de convenirlo de alguna forma idónea de prueba para ambas partes.

La práctica del sector asegurador también impuso que se insertase en el Convenio la facultad de subrogación del Asegurador, que en realidad resulta innecesaria por ser disposición de ley, pero que le es conveniente a su interés de recuperar cualquier monto, que se recuerde al Asegurado su obligación ultima para con la Aseguradora. Otras manifestaciones “del Asegurado” que bien se podrían recabar separadamente se suelen insertar para tranquilidad de la Compañía, como son la inexistencia de otros seguros.

Vistos los antecedentes mínimos que sustentan la conveniencia entre las partes de que exista un documento de acuerdo indemnizable y su relación con las facultades “de facto” antes cedidas al Ajustador, resulta que precisamente que el verbo “ajustar” en la acepción de la Academia de la Lengua Española refiere a “ponerse de acuerdo una persona con otra en algún ajuste o convenio”, lo que por tradición ha realizado el Ajustador.
La controversia reside en si hoy y bajo la presente Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, los acuerdos del Ajustador obligan o no al Asegurador, lo que no se apercibe de forma literal en la vigente y cuales resultarían ser las responsabilidades para éste si los términos del acuerdo o incluso el propio acuerdo genera obligación o no, si proviene de él en lugar del Asegurador.

Del Capitulo Cuarto “De los Ajustadores de Seguros” de la LISF se lee que las atribuciones expresas contenidas en el Art. 109 (que para facilidad de revision se transcriben), precisa la encomienda para evaluar, establecer las causas del hecho y el cómo influyen en la determinación de una indemnización concreta, pero reservando de manera única e indubitable la facultad a la Institución de Seguros para que sea ella quien determine la procedencia del siniestro y la consecuente propuesta indemnizable:

“Para los efectos de esta Ley, se considera que el ajustador de seguros es la persona designada por la Institución de Seguros, a quien esta encomienda la evaluación en la que se establezcan las causas del siniestro y demás circunstancias que puedan influir en la determinación de la indemnización derivada de un contrato de seguro, con el propósito de que la Institución de Seguros cuente con los elementos necesarios para determinar la procedencia del siniestro y la propuesta de indemnización.

La propuesta de indemnización a que se refiere el párrafo anterior obligara a la Institución de Seguros cuando se presente al contratante, asegurado o beneficiario del seguro”

De la exegesis de dicha ordenanza podemos extraer de manera directa la conclusión de que fue la intención del legislador imponer al Ajustador la facultad de obligar a su mandante, si este allega una propuesta indemnizable al tercero que acredite ser beneficiario, pues en contrario esa disposición habría sido omitida o incluso, expresamente excluida.

No obstante el tratar de dilucidar si la intención fue razonada o siquiera contemplada al expedir la Ley, el sistema asegurador todavía considera y he aquí una de las principales contradicciones de esta probable omisión, que no se concreta dicha consecuencia habiendo quedado vigente el Art. 119 de la Ley sobre el Contrato de Seguro que a la letra dice: “El hecho de que la empresa aseguradora intervenga en la valorización del daño, no le privara de las excepciones que pueda oponer contra las acciones del asegurado o su causahabiente”.

Como es en notorio, si fuese la interpretación el reservarse por ministerio de ley y en carácter exclusivo para el Asegurador la formalización de un acuerdo indemnizatorio, no podría entonces excepcionarse y pretender, en su caso, la anulación de la obligación salvo en caso extremo de conocer en forma posterior a la firma del acuerdo indemnizable, de hechos u actos que deberían de reducir e incluso permitirle eludir su obligación indemnizatoria pues le seria admisible argumentar que su derecho a oponer objeciones surge en momento posterior a la presentación de la oferta.

Sin embargo el mandato del Art. 109 ya citado en la LISF, es que habiendo conocido por el eventual acreedor del Seguro de la eventual propuesta de indemnización, la Institución queda en automático obligada al cumplimiento del pago, es decir, que su obligación de resarcir el daño se torna liquida y exigible en los términos previstos en ese articulado.

No debemos perder de vista que el artículo en comento de ninguna manera presupone cual debe ser la forma o conducto por el cual deberá formalizarse la presentación de la oferta indemnizable, por lo que en ello conlleva la posibilidad de que el medio sea “cualquiera” y por ello que el ahora pretendido acreedor pueda fundar su derecho bastándole algo tan elemental como un correo electrónico de cualquier interviniente, como puede ser el Ajustador (no eximiría en calidad de prueba inclusive la Confesional del acreedor), siempre y cuando se acrediten los requisitos que en mínimos supondrían un acuerdo, sobre todo que el tercero reclamante o beneficiario ignoraría desde origen cuales son las formalidades que en documento expreso signaría la Institución Aseguradora, por lo que la imprecisión de la oferta indemnizable contenida en cualquier documento o medio que se deseara ofrecer a prueba en caso de controversia, se convertiría en este caso en elemento a cargo de la actora, pero no por ello, desestimable.

Por tanto, el Ajustador debe como nunca e incluso la Aseguradora, deben tornarse en extremo cuidadosos inclusive da la correspondencia que entre si crucen, considerando que hoy es factible para cualquier actor obtener en proceso conciliatorio de todos los soportes que formen parte del contenido del expediente abierto por el Asegurador, incluidos informes (antes considerados privados) y en general, de todos los elementos que el Asegurador obtuvo del o los reclamantes o incluso por si mismo y con su Ajustador y demás asesores.

Ahora bien, bajo la presunción de que no sea el Asegurador quien remitiese el Convenio con la intención de ceder tal facultad/obligación al intermediario Ajustador, ya sea porque pretenda mantener su interés de excepcionarse o por hechos propios de su economía administrativa e, incluso la simple costumbre o el simple deseo (cuando no ignorancia) de mantener vigentes los procedimientos que le son conocidos, de lo que resultaría que de todas formas para el acreedor no hace diferencia alguna, toda vez que mientras se pruebe que la oferta reúne los requisitos mínimos del acuerdo en forma tal que se perciba con claridad que se refiere al evento dañoso reclamado, la póliza suscrita y consigne las partes del acuerdo, especialmente el Asegurador y el importe bajo el cual se resarcirá la obligación, la aseguradora indistintamente quedara obligada.

De aceptar que la obligación indemnizatoria nace con esta simple presentación, tendríamos que el Convenio adquiere calidad de Titulo de Crédito bajo la exegesis de la norma, pues los hechos de excepción conforme al Art. 119 que le fueran previamente conocidos a la Institución y no ejercidos antes de que fuese remitido el acuerdo indemnizatorio, no le debieran ya ser factibles de referir como medios de oposición al cumplimiento indemnizatorio, por ser ahora, de cumplimiento forzoso. De este supuesto se puede realizar un análisis completo de manera oportuna pero que hoy se presenta como hipótesis.

Continuando con el análisis respecto a si el ajustador cuenta o no con facultades para presentar e inclusive firmar un Convenio de indemnización, es condición completamente ajena para el acreedor pues para él lo relevante es la recepción de la oferta y no quien es el remitente, lo que implica que si el Ajustador en ejercicio incluso indebido de su atribución legal o inclusive por instrucción de la Institución, no eximirá ya del cumplimiento de la obligación de indemnizatoria a su mandante e, inclusive, de responsabilidades civiles o incluso penales al Ajustador si por condición involuntaria ese documento impone obligaciones diferentes o superiores en el resarcimiento del daño o incluso, que presentar el Convenio no fuera la intención del Asegurador.

Esto es más claro si se revisa que en la LISF se considera en diversos Artículos, y con mayor precisión el de número 58 refiere que al designar a funcionarios con capacidad para obligar a la Aseguradora, tomara en cuenta atributos tales como confiabilidad, honorabilidad, domicilio y experiencia para desempeñar las funciones propias de su rango, pero también impone que “… los actos del Director General y de los funcionarios que ocupen cargos con la jerarquía inmediata inferior a la de este, en el desempeño de sus funciones, (que) obligaran directa e ilimitadamente a la Institución de que se trate, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que incurran personalmente”.

Precisamente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas fue designada en el Art. 61 de la LISF para que mediante disposiciones de carácter general fije normas para verificar que las aseguradoras cumplan los requisitos previstos para sus funcionarios hasta dos niveles jerárquicos inferiores a la Director General o equivalente, incluyendo contar con expedientes en comprobación del cumplimiento de dichas disposiciones, de manera similar a como se requiere para los ajustadores. Pero de forma concreta y sin lugar a interpretación, en el Art. 62 precisa que las Instituciones responden directa e ilimitadamente por los funcionario(s) que designados al efecto desarrollen actos y celebren bajo cualquier cargo, mandato, comisión o cualquier título (designación) jurídica para la realización de sus operaciones en la consecución de sus objetos sociales, pero sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que puedan emanar de los actos personales.

Bajo estos artículos se asume que la responsabilidad es inherente al cargo, que se transmite a los subordinados en el mismo orden decreciente pero extendiéndose a quienes ostenten comisión o bajo cualquier denominación acciones que obliguen al Asegurador, por lo que bajo esta disposición no es defensa para el deudor en el sentido de tratar de afirmar que el Ajustador carece de legitimación para obligarle de haber presentado una propuesta indemnizable al futuro acreedor, sobre todo si lo hizo bajo su instrucción y menos por acuerdo contractual como prestador de servicios, lo que tratará adelante. Así, en situación de que la oferta indemnizable no le fuera conveniente a la Aseguradora, ya sea porque considera que puede excepcionarse o bien desconociera ante el acreedor tal capacidad del Ajustador, se tornaría insuficiente la presunción de que ese especialista intermediario debiera contar de un “poder” formal para tales actos, pues ante el tercero el ofrecimiento sería continuidad a la representación que para aquel tiene desde inicio y que su mandante concedió al inicio del ajuste, aunque esto no sea una literalidad de su nombramiento, pues le es inherente su capacidad para determinar la aplicación del contrato.

Es decir, podría ser suficiente para el acreedor presumir que el simple desempeño de las funciones del ajustador, lo son como equivalentes a funcionario facultado y por ende, conforme a la Ley, obligan directa e ilimitadamente a la Institución, pues dichas obligaciones ya se tienen precisadas bajo la LISF y resultan ilimitadas en función de la propia actividad desarrollada por el Ajustador o eventualmente de un ejecutivo, entre ellas la de “determinar la procedencia del siniestro y la propuesta de indemnización” como enunciativamente precisa sin lugar a dudas el Art. 109 citado.

Dado que la obligación indemnizable ahora perfeccionada en tiempo y forma y por ende equiparable a un Título de Crédito para la Institución Aseguradora, lo es no solamente por los actos de quien detente la función para cumplir y concretar el pago, sino que incluso lo es en funcionario de segundo nivel y más allá de quien bajo “algún cargo” inherente genere dicha obligación, como lo es el simple hecho de dar a conocer al Asegurado o su Causahabiente de una propuesta de indemnización, que a cierto no requiere siquiera la denominación “Convenio” por no existir como tal esa definición, pues ya se ha dicho la formal acepción del 109 es la “propuesta” indemnizable.

En otro orden de ideas, ahora analizando la relación del Ajustador como un prestador de servicios subordinados mediante un contrato con el Asegurador, el cual es obligatorio para establecer sus derechos y obligaciones recíprocas como emana del Art. 268 de la LISF y su relativo numeral 12.1.6. de la “Circular Única” que dispone que con los prestadores de servicios deben quedar pactados, entre otros, los lineamientos técnicos y operativos y el inherente cumplimiento de las disposiciones aplicables, incluyendo la autorización para ser sujetos de supervisión y auditoria por parte de la propia Institución Aseguradora y la Comisiona Nacional de Seguros y Fianzas, sin obviar que estas funciones de auditoria de la Comisión también consideran que es su facultad intervenir para fijar los requisitos de los procesos operativos y de control que las Instituciones deberán exigir a los terceros, el tipo de operaciones que estos pueden realizar y las políticas y procedimientos para evaluación del desempeño e inclusive, de las medidas correctivas que deriven de su supervisión.

El ser auditado por la Comisión o de que los hechos o actos fuesen realizados por un tercero (en este caso Ajustador) no exime a los Aseguradores, sus directivos o personas que ocupen cargos o comisiones, de la obligación de hacer observar y cumplir las disposiciones mandatarias de la Ley, como tampoco puede eximirse de aquellas responsabilidades por las cuales resulte obligada, particularmente cuando la obligación es directa a un hecho no condicional, como es que el tercero Ajustador dé a conocer una oferta indemnizatoria a un Beneficiario.

La realización de contratos de prestación de servicios con Ajustadores se cita en forma expresa en la “Circular Única” Capitulo 12.1. “De la contratación de servicios con terceros”; Las materias que al efecto el numeral 12.1.1 considera a contratación de servicios profesionales se refieren en su Fracción II. Servicio a clientes, entre otras.

En su numeral 12.1.1. Fracción II. De “Servicio a clientes” precisa los siguientes supuestos para suscribirse un contrato entre el Asegurador y el Ajustador: “Los servicios relativos a consultas que efectúen contratantes, asegurados, fiados o beneficiarios, de pólizas de seguros o de fianzas, según sea el caso, sobre información de los productos contratados, servicios operativos y manejo de siniestros y reclamaciones, tales como la atención a consultas, siniestros de seguros y reclamaciones de fianzas, incluyendo, entre otros, los procesos de ajuste, prestación de servicios, resolución de siniestros, salvamentos, rescates y adjudicación de garantías”

En reiteración de la obligatoriedad al cumplimiento de la Ley inclusive de los actos realizados por terceros, el relativo de numero 12.1.4. indica que “En la prestación de los servicios señalados en la Disposición 12.1.1, las Instituciones y Sociedades Mutualistas no podrán considerarse sustituidas en el cumplimiento de las obligaciones que les son propias conforme a lo previsto por la LISF, estas Disposiciones y las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, por lo que responderán en todo momento del cumplimiento de sus obligaciones frente a los contratantes, asegurados, fiados o beneficiarios”, dejando así el refrendo de que los hechos propios del actuar del Ajustador le obligan (a la Institución Aseguradora) frente a los acreedores, como lo serían los actos de otros prestadores de servicios que se involucran en labores de atención de siniestros, como talleres y proveedores de cristales, firmen o no firmen un Convenio, más si así lo hicieren aún y cuando estrictamente no cuenten con acreditación como Ajustadores.

Entonces tenemos que pueden interpretarse variantes de las obligaciones que nacen de la presentación de la oferta indemnizatoria por parte del Ajustador y estas solo podrán superarse cuando la Comisión supervise íntegramente los contratos de prestación de servicios del Ajustador, pues ella deberá determinar en primera instancia a fin de tratar de impedir inevitables controversias que se deban dirimir incluso en cortes, respecto a si es o no obligación del Ajustador presentar Convenios de pérdida y aunque administrativamente interpretase que no lo es, su opinión no debería considerarse como sustento en contra de un ordenamiento superior cuya literalidad no debe tener lugar a otra interpretación.

Es decir, tanto es válido presuponer que el simple conocimiento de parte del beneficiario de una oferta indemnizable (llámesele Convenio o Finiquito o cualquier similar) incluida “oferta” obligara efectivamente a la Aseguradora aun y cuando no sea ese deseo, por ser tal la literalidad de la actual disposición legal.

Sin embargo, de esta suposición el Asegurador podría no estar de acuerdo presumiendo que su derecho a excepcionarse es incluso mayor al derecho del Asegurado, pues esa facultad persistirá en la LSCS y podría oponer cualquier objeción, valida o no, para eludir la responsabilidad indemnizatoria. En este supuesto habrá quienes asuman que la disposición del Art. 109 no tiene consecuencias para el Ajustador pues las oposiciones deberán ser atendidas e incluso defendidas en juicio por la propia Aseguradora, en el sentido de que no aceptase la obligación indemnizatoria.

La posición opuesta y de riesgo para el Ajustador sería que el Asegurador aceptara la suerte de obligado por la presentación de dicho documento, pero que considerando haber sido vulnerada en su patrimonio (en realidad el que administra para la Mutualidad), repercutiera cualquier pérdida o exceso de ella, por la cual no hubiera deseado obligarse.

Hasta este momento hemos considerado que el Ajustador actuara sin atribución legal por no contar con facultades para tal efecto por no existir esa literalidad en la LISF, pero en yuxtaposición debemos considerar que la obligación le nace de una relación contractual como prestador de servicios.

Es decir, se entendería que si voluntariamente el Ajustador ha concedido realizar dicha función por mandato de su contrato y, con ello, los límites de su responsabilidad (o su ilimitación) estarían sujetos a lo pactado entre las partes, también las penalidades deberían estar previstas en los términos del contrato en lo particular y en lo general a lo que dispongan las leyes civiles y penales, como está hoy perfectamente acotado por su responsabilidad profesional, en cuyo caso le será más complejo al Ajustador eludir o eximirse de una causal de responsabilidad, si profesionalmente ha incurrido en un hecho u omisión culposa (o incluso por inacción desde mi perspectiva) que le implique una carga indemnizatoria superior a la Institución y que esta pretendiera la recuperación del quebranto.

En este supuesto, la exposición a responsabilidades de parte del Ajustador deberían ser asumidas por la Compañía y luego transmitidas por subrogación al susodicho profesional como persona física y su moral como solidario de sus actos y omisiones cuando sea el caso, por lo que no le es conveniente al Ajustador desde mi particular punto de vista, aceptar obligaciones superiores a las de ministerio de ley, a saber: evaluar, comprobar la causalidad y circunstancias que influyan en la determinación derivada de un Contrato de Seguro, por lo que no debiera ni anteponer su firma y/o logotipo, para establecer la vinculante de indemnización en un documento (Convenio, Finiquito, oferta o similar) que hoy hace liquida y exigible la responsabilidad de la Aseguradora.

En contrario, si el Contrato de prestación de Servicios que al efecto tenga con la Aseguradora no presupone la obligación de firmar a cuenta y nombre de aquella tales documentos, debiera de oponerse en caso de ser imputado para ello mediante nota expresa que consigne los límites de su atribución legal y que ha obrado en instrucción directa citando el nombre y puesto del funcionario que gire la instrucción respectiva, lo que si bien no le eximiría eventualmente de responder por daños y perjuicios al Asegurador (e incluso del acreedor), sí presupondría un elemento en su defensa muy aceptable.