Iniciaré el presente artículo contándoles la siguiente historia: quien fuera mi agente de seguros me llamó por teléfono para recordarme que estábamos próximos a la renovación de mi póliza de seguro de gastos médicos mayores, con una institución de seguros cuya solvencia económica me consta por haber sido parte del consejo de administración. Dentro de su discurso, mi ahora exagente de seguros me manifestó que la situación financiera de mi aseguradora no era solvente y que su permanencia en México estaba siendo estudiada por sus accionistas y que por ello, me sugería cambiar de aseguradora a una de reciente ingreso en el sistema financiero mexicano. Le dije a esa persona que mi póliza estaba siniestrada y que creía que no era conveniente realizar cambio alguno, a lo que me respondió que era un tema superable. Naturalmente que cambié de conducto.
Lo cierto era que la aseguradora de reciente entrada a México estaba ofreciendo remuneraciones más atractivas a los agentes de seguros, con el fin de crecer una cartera de la manera más rápida posible.
Historias como la que acabo de relatar hay miles. He sido consultado muchas veces por aseguradoras quienes reciben reclamos improcedentes por preexistencias; y al momento de entrar en contacto con los asegurados me encuentro con que el agente de seguros que les asesoró, no les informó apropiadamente las implicaciones del cambio de aseguradora, trayéndoles consecuencias fatales. Las aseguradoras, en México y en todo el mundo, pueden y tienen que hacer gastos e inversiones para incrementar sus ventas. En México, la publicidad que hacen las aseguradoras tiene ciertas restricciones que en términos de la Ley para la Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros debe ser clara, veraz y oportuna, a efecto de promover la sana competencia entre las instituciones de seguros.

La línea ética se desvanece en cierta manera cuando las aseguradoras compiten entre sí para captar la atención de su fuerza de ventas compuesta por agentes de seguros, particularmente aquéllos quienes no venden de manera exclusiva los productos de la aseguradora. Es decir, premian a los agentes por lograr ciertos volúmenes de ventas con lujosos viajes a convenciones en los cinco continentes, con prácticamente todos los gastos cubiertos. Premian también con automóviles y con bonos de productividad.

Las aseguradoras, en México y en todo el mundo, pueden y tienen que hacer gastos e inversiones para incrementar sus ventas.

Hasta ahí las instituciones de seguros ejercen plenamente su derecho de atraer la atención de los agentes de seguros, con el propósito de que éstos conozcan y promuevan los productos de la aseguradora en cuestión.
Sin embargo, es necesario recordar que en términos de la Circular Única de Seguros y Fianzas el agente de seguros debe de cumplir con obligaciones en el proceso de intermediación de los contratos de seguro, como por ejemplo, el evaluar las necesidades potenciales de protección o ahorro del usuario, a partir del análisis de su perfil y aversión al riesgo. Ante dicho análisis, deberá exponer al asegurado los productos que recomienda contratar y, finalmente, deberá proporcionar al prospecto una explicación y comparación objetiva de los diferentes productos disponibles, en términos de prima, coberturas y vigencia, que puedan adaptarse a las necesidades del cliente conforme a sus prioridades.
Nace entonces la interrogante de cómo el agente de seguros logrará cumplir con las obligaciones antes mencionadas, si la venta de un producto en particular le representa más y mejores beneficios que otro; cuestión que habrá que dilucidar de acuerdo a las consecuencias que pueda sufrir un agente de conformidad con la legislación aplicable.
En principio, la actividad del agente de seguros está sujeta a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la Circular Única de Seguros y Fianzas y el Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas. Dichas normas


son las que contienen el catálogo de obligaciones que debe de cumplir el agente de seguros y de fianzas, mismas que deben de ser interpretadas desde un punto de vista de orden público, por así estar establecido por la mencionada Ley. Con dicho sistema interpretativo, aunado a las tesis de jurisprudencia emitidas recientemente por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe entenderse que el asegurado es un ente que debe ser protegido por el sistema jurídico, por lo que todos sus actos se presumen de buena fe, además de que se le reputa como ignorante en la materia, por lo que las aseguradoras deberán de actuar en interés de dicho cliente.
En el mismo sentido, el agente de seguros asume un papel fundamental en la contratación del seguro y, si bien la Suprema Corte de Justicia o tribunales federales aún no entran al estudio de su responsabilidad, es cuestión de tiempo y de que exista un caso que justifique la entrada al análisis de dicha responsabilidad con el propósito de que el asegurado sea indemnizado no con cargo al contrato de seguro, sino como producto de la responsabilidad civil en la que pueda incurrir un agente de seguros.

En ese tenor, la responsabilidad civil del agente de seguros puede tener origen en sus errores u omisiones, lo cual no es nuevo. Lo que sí es nuevo, es el marco jurídico que impera desde 2013 en donde los agentes no tenían la carga de obligaciones que ahora tienen; y por otro lado, existe un entorno litigioso en el que los tribunales tienden a favorecer los intereses del asegurado en ánimo de balancear la relación entre los contratantes.
Así, los agentes de seguros están hoy expuestos a condenas cada vez más sustanciales que buscan el resarcimiento de los daños y perjuicios, inclusive el daño moral. También están expuestos a acciones colectivas que podrían tener origen, por ejemplo, en una póliza colectiva o de grupo con deficiencias en la colocación.


Las obligaciones a cargo del agente de seguros —evaluar las necesidades potenciales de protección o ahorro del usuario a partir del análisis de su perfil y aversión al riesgo; exponer al asegurado los productos que recomienda contratar y proporcionar al prospecto una explicación y comparación objetiva de los diferentes productos disponibles, en términos de prima, coberturas y vigencia, que puedan adaptarse a las necesidades del cliente conforme a sus prioridades, perfil y aversión al riesgo— deben de cumplirse de manera exhaustiva, por principios legales (ley como fuente de la obligación) y éticos (velar por los intereses del cliente).
Cabe mencionar que en aras de tener por cumplidas estas obligaciones, hay agentes de seguros que están pidiendo la firma de documentos en los que se haga constar que expusieron al proponente del riesgo todas las alternativas existentes en el mercado; y que el producto que finalmente fue adquirido, es producto del análisis del riesgo, sin más.
Este documento eventualmente puede llegar a ser considerado por los tribunales federales o la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de mala fe. Basta con seguir la anécdota con la que inicié esta nota, en donde el agente de seguros evidentemente (en mi caso) tenía intenciones de beneficiarse él y no a mí como asegurado. Es decir, que si yo hubiera decidido aceptar el cambio de aseguradora y tener una eventualidad con la nueva cobertura, en donde la aseguradora nueva niegue el pago del siniestro por una preexistencia, podría configurarse una responsabilidad a cargo del agente de seguros, que derivaría en la indemnización del asegurado por los gastos no cubiertos.

El propio agente de seguros podría incurrir en la responsabilidad de indemnizar al asegurado en la medida en que lo deje de hacer la aseguradora.

En virtud de lo anterior, el agente de seguros deberá agotar su obligación de analizar el riesgo del proponente y de asesorarle sobre cuáles son los productos que existen en el mercado que satisfagan sus necesidades. La forma de acreditar el cumplimiento de esta obligación es de manera documental. Es decir, que el documento que firme el asegurado, deberá estar acompañado de la información que se le puso a la vista para decidir sobre el contrato de seguro que resulte emitido.
De igual manera puede nacer una obligación a cargo del agente de seguros que tenga como origen las omisiones del análisis del apetito o aversión a riesgo del asegurado. En este sentido, es prudente poner como ejemplo las coberturas de pérdidas consecuenciales en las que ya existiendo el siniestro, simplemente devienen en insuficientes para indemnizar al asegurado, ello a causa de la falta de estudio exhaustivo del riesgo suscrito.
Como consecuencia del estudio deficiente, el propio agente de seguros podría incurrir en la responsabilidad de indemnizar al asegurado en la medida en que lo deje de hacer la aseguradora. Es decir, la aseguradora agotará la suma asegurada contratada y el agente de seguros responderá hasta que el asegurado quede completamente indemne, en términos de la voluntad de contratación manifestada desde el inicio de la relación contractual.
En síntesis, la actividad del agente de seguros cada vez más será sujeta de escrutinio, tanto por las autoridades reguladoras como por las autoridades judiciales. Por tal motivo, es necesaria la concientización en el eficaz cumplimiento de sus obligaciones para evitar ser sancionados y tener molestias en su patrimonio.

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