La prescripción es un concepto con resultados que esencialmente considera el paso del tiempo para formalizar como consecuencias, la adquisición o extinción de derechos u obligaciones, salvo que las excepciones previstas no se materialicen.
En México, a los seguros de “daños”, el tiempo para que se actualice la prescripción son dos años (salvo los reclamos de vida que son cinco), tradicionalmente computados desde el “siniestro” como el hecho disparador para ese plazo fatal según el artículo 81 de la Ley sobre el Contrato de Seguro (LSCS). Ante ello el asegurado, el beneficiario o el causahabiente (el reclamante) debiese probar los extremos de su reclamación durante tal lapso, pues para la aseguradora ese supuesto legal se yuxtapone con los estudios actuariales que le permiten normalizar las reservas constituidas y que sostengan una operación fiable con otras partes relacionadas; sin bases estandarizadas como supuestos temporales a la obligación indemnizatoria, no se entenderían tales estudios si los derechos de recobro fuesen eternos. Así, la prescripción del derecho de cobro es una herramienta jurídica a la que el asegurador debe poder recurrir si no hay supuestos que se lo impidan.
La LSCS no define cuál es el “acontecimiento” que delimita el nacimiento del tiempo indemnizable y, por ende, corresponderá al juzgador que jurisdiccionalmente dirima la controversia, donde el reclamante ahora como actor haga valer los supuestos que le permitan extender de pleno derecho el lapso que antes se ha igualado con el “siniestro”, ya que si al “acontecimiento” se le despoja de esa igualdad para el cómputo para responder del evento dañoso, lo es porque se actualizó al menos un supuesto que permite invocar la interrupción y, por ende, el asegurador no podrá liberarse de la obligación indemnizatoria si el reclamante acredita su interés de mantener vivo su reclamo.
En consecuencia, al desvincular la prescripción como la resultante de una única linealidad temporal sino como la resultante del interactuar de las partes desde el “siniestro”, resulta inviable sostener la equivalencia del “siniestro” con el “acontecimiento” aunque sea el evento gatillante, porque no es el único hecho relevante previsto durante el periodo de reclamo, pues muchos otros por ser supuestos jurídicos expresos se convierten en medios de interrupción, por lo que de facto son “acontecimientos” que a su actualización, permiten extender el lapso para obligar de manera efectiva al asegurador y, por tanto, extender temporalmente su derecho al reclamo.
Dado que la aseguradora no aceptará motu proprio reconocer el derecho del accionante (en vez de siempre orientar a que la controversia se dirima por vía judicial), el accionante deberá sustentar en la vía que se encuentre o

que elija para que su contraparte asegurador sea obligado a reconocer la interrupción, optando desde la simple presentación de su reclamo en la Unidad Especializada de la aseguradora, la Comisión para la Defensa de los Derechos de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y, en los supuestos admitidos, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Obviamente siempre habrá controversias respecto al alcance de las condiciones que interrumpen la prescripción respecto a las formalidades que debieran reunir los otros “acontecimientos” como los enunciados en la LSCS en el Art. 82, cuando el asegurado y el beneficiario en fecha posterior al evento dañoso conocieren que asumieron riesgos auténticos o cuando conocen a posteriori del siniestro.


Si entonces no es la simple inercia del tiempo el hecho que actualiza la prescripción extintiva a los derechos del reclamante, también es notorio que éstos no deben extinguirse si no dependan de su voluntad, máxime cuando fueron considerados por el legislador; por consiguiente, para que el lapso de prescripción corra en su contra supone que aquél no ejerció los derechos o no sucedieron los “acontecimientos” que interrumpían la prescripción. Entonces es dable presumir que el “acontecimiento” que da inicio al cómputo de la prescripción es aquél a partir del cual los elementos del supuesto normativo se hacen presentes, como entre otros el nombramiento de peritos según el Art. 84 de la LSCS. Otros supuestos previstos diferentes se encuentran en la reglamentaria Ley de CONDUSEF en su artículo 66, que presupone los supuestos que remiten a su vez a los del Código de Comercio (Art. 1041) además de las causas ordinarias citadas en el Código Civil Federal (Art. 1168), que enumera la interpelación judicial al deudor, el reconocimiento tácito o por escrito del derecho del acreedor y la privación del poseedor por más de un año, hechos que en evidente nacen después de la ocurrencia del siniestro.
Por ejemplo, una controversia latente entre la LSCS del Artículo 84 respecto del 65 de la ley de CONDUSEF, si bien el legislador refrenda la prescripción en favor del asegurador a un lapso de dos años, resulta

que ordena su conteo “desde el hecho que les dio origen”, y no desde el “siniestro” cuya literalidad debió dejar plasmada si fuese esa la única intención, que no lo puede ser porque hay otros activadores de la interrupción diferentes al “siniestro”; ese mismo numeral, por ejemplo, señala a cómputo dos años contados desde la negativa al pago por parte de la Institución Financiera, lo que presupone que se presentó un reclamo siendo que los presentados en CONDUSEF o la UE por sí mismos provocan la interrupción.
Es claramente contrastable que si bien la ocurrencia del evento dañoso o el conocimiento por primera vez del mismo también hacen nacer el derecho al reclamo, no es menos cierto que las dilaciones o hechos previstos expresamente, por ejemplo la incompetencia por inhibitoria, deben suspender los lapsos o incluso generar un nuevo cómputo, como en el caso particular al nombramiento de peritos con motivo de la realización del siniestro. Tratándose del ajustador, por ejemplo, la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF), en su artículo 109 de forma no sólo lata, sino expresa, lo califica como especialista y por tanto un perito que establecerá, entre otras condiciones, las causas del siniestro; perito cuya capacidad ya fue previamente certificada por la CNSF, por ministerio de Ley.
Y si al perito ajustador por no ser docto en cualquier materia le allegasen de otros profesionales peritos de la aseguradora, cada nuevo nombramiento constituye en sí mismo en un nuevo “acontecimiento”, lo que en consecuencia hace nacer un nuevo periodo para efectos de la interrupción de la prescripción; en este escenario, si se nombrara un perito en causa origen a 729 días del siniestro no parece ilógico suponer que en otro lapso igual pueda aducirse que el derecho de reclamo no prescribió y requerir en la vía elegida que se mantuvo vivo el derecho en proceso judicial.


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