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Manufactura y servicios progresan a pasos agigantados, y a veces rezagados, respecto del comercio. El seguro también debe mutar porque los espacios vacíos se llenan rápidamente, pero debe hacerlo dentro de la norma legal o, por el contrario, su ley regulatoria deberá adaptarse a la velocidad de esos cambios.

El actual consumidor quiere respuestas y las demanda en automático, compara precios en línea y exige resultados, todo bajo el poder del celular que tiene en su mano. El seguro lo entiende como otro acto de comercio virtual, sin comprender sus formalidades y alcances. Si bien este nuevo consumidor de seguros logra suscribir más fácilmente un contrato, ciertamente lo hace con algún nivel de desconocimiento, sobre todo al declarar su grado de riesgo.

Que el contrato de seguros “nazca” no supone que esté exento de vicios, de lo cual surge en el Asegurador el derecho de invocar su nulidad (cuando menos en parte) si detecta que el contratante no declaró información relevante al momento de solicitar cobertura. Problemas aparte, nuestra legislación invoca que el error emanado de la declaración apareja como consecuencia la rescisión del contrato*, no la nulidad.

Para suscribir un seguro, el Asegurador evalúa la conveniencia del negocio que le está siendo propuesto. Lo hace recabando información importante para apreciar la calidad del riesgo, de ahí que los datos que le sean ofrecidos por el proponente de ese negocio llamado Seguro adquieren relevancia como su principal obligación.

Es en este supuesto de la calidad de información donde la extrema buena fe se hace presente, primero en el declarante del riesgo y luego en la Aseguradora por creer ciegamente en ella y,  al final, para honrar la promesa de pago en caso de actualizarse el evento dañoso previsto por ambas partes. Por definición legal, esa declaratoria se obtiene mediante un cuestionario** firmado*** por el proponente del negocio, es decir, el futuro Asegurado.

Hasta aquí la letra de la ley no impone que la propuesta deba mediarse en “papel”, pero una declaración firmada lo supone, mientras que otros contratos se perfeccionan en otras formas respecto del consentimiento, mas no así en el seguro.

Ante la controversia es cuando el Asegurador pretende hacer valer los vicios de su consentimiento, por ejemplo, argumentando que el ahora Asegurado fue reticente al hacer la declarativa o incluso, que se le pretendió hacer incurrir en error declarando falsamente. Pero igual puede contravenir el Asegurado, aduciendo que no existió cuestiona (y menos firmado) o que no se le aportaron las Condiciones Generales, etcétera.

Por ende, mientras no se desarrollen o reconozca la formalidad a otras formas de obtener declaración al riesgo e indubitables como medio de prueba, la oferta rubricada seguirá siendo la idónea en caso de controversia, por ser el supuesto de ley.

El comprador, como proponente del negocio, ignora cuán relevantes son sus declaraciones al momento de solicitar a una Institución que le cotice su riesgo.

En la práctica, la suscripción del seguro se realiza mediante otras formalidades y las Aseguradoras de facto cotizan por vías simples como la comparación contra un contrato existente, con una declaratoria en formato libre, con llamada telefónica “grabada”, etc.; mecanismos que aunque recojan una declaratoria, no lo hacen en la formalidad prevista por ley, es decir, con un formulario Pero ojo, la oferta hecha por quien se  tornará en el Asegurado tanto como la valuación económica que haga la Institución, no constituyen un precontrato, pues las formalidades para su perfeccionamiento son diferentes a otros contratos.

Que el contrato “nazca” aparentemente sin tacha no supone que el Asegurador no haga uso futuro de su facultad objetable y es en el siniestro el momento idóneo donde, por supuesto, revisará que las declarativas a la oferta fueron exactas, respecto a su nuevo entender. Tiene lógica que ejerza tal derecho, pues en función de cuán exacta fue la declaración el Asegurador habría estado en condiciones de tasar la Prima conforme a sus estadísticas y experiencia siniestral, pues ella representa la compensación del nivel de riesgo para toda su masa de asegurados.  De esta forma, los nuevos Asegurados que se sumen a los existentes serán comparables entre sí, pues todos tendrán efectivamente la misma exposición al daño elaborado y aportado por quien habrá de calificar la viabilidad de la propuesta, pero llenado y firmado por el interesado Pero ojo, la oferta hecha por quien se  tornará en el Asegurado tanto como la valuación económica que haga la Institución, no constituyen un precontrato, pues las formalidades para su perfeccionamiento son diferentes a otros contratos.

Que el contrato “nazca” aparentemente sin tacha no supone que el Asegurador no haga uso futuro de su facultad objetable y es en el siniestro el momento idóneo donde, por supuesto, revisará que las declarativas a la oferta fueron exactas, respecto a su nuevo entender. Tiene lógica que ejerza tal derecho, pues en función de cuán exacta fue la declaración el Asegurador habría estado en condiciones de tasar la Prima conforme a sus estadísticas y experiencia siniestral, pues ella representa la compensación del nivel de riesgo para toda su masa de asegurados.  De esta forma, los nuevos Asegurados que se sumen a los existentes serán comparables entre sí, pues todos tendrán efectivamente la misma exposición al daño. Declarar el riesgo es responsabilidad de quien lo propone y no debiera sustituirse tal obligación con cargo al Asegurador, por la intervención de un revisor enviado por ella, llámesele Médico o Inspector de Riesgo, pues sólo quien es detentador del riesgo tiene las condiciones para aportar información importante. Pero esto conlleva también la incertidumbre de qué es lo relevante para  la Institución Aseguradora o en qué consiste el derecho del Asegurador de haber contratado en condiciones diversas a las   emitidas, pues si por un lado de facto coexisten otras formas de tomar declaración y consentimiento del proponente, sin la  formalidad de un cuestionario, cabe cuestionar por qué no habría de ser relevante lo que comunique cualquier intermediario, llámesele Bróker, Médico o un Inspector de Riesgos, o incluso que la Institución quede exenta de probar cuáles habrían sido esas otras formas en las que habría dado cobertura o, más aún, qué la habría negado.

Entonces, si el valor extremo de la información se plasma con un formulario, por definición legal, y así la defiende en tribunales el Asegurador, igualmente debe sustentar que a falta de cuestionario, esas novedosas formas de recabar información son perfectas y, de mantenerse la  formalidad del cuestionario, sus preguntas sean concretas y carentes de cualquier oscuridad o posibilidad de interpretarse en más de un sentido, de forma que las respuestas que obtenga deriven en lo que realmente espera la Aseguradora.

Se arroja así al Asegurador a que acredite que el contrato como se expidió era la única forma viable de aseguramiento conforme a la “información importante” que obtuvo, pues es insostenible imponer a quien es lego en el seguro el mismo conocimiento legal, actuarial y de experticia, como si estos atributos fueran propios del interesado o similares a los que tiene la Institución, propiciando una asimetría tal que podría inducir al error a quien quiere contratar un seguro.

El seguro como acto de comercio requiere adaptación e incluso innovación para tornarse más eficiente y expedita la suscripción, sin romper el equilibrio para ambas partes.

 

Hemos mutado entonces de la época del cuestionario impreso, llenado y firmado por el contratante del Seguro, al uso de variadas formas de aportar información que hoy hacen nacer otras controversias, como la “contraoferta”, la cabida de un “precontrato” ante las comunicaciones previas a la expedición del seguro y, en general, si es el momento en que deban reconocerse en la Ley Sobre el Contrato de Seguro la existencia de esas otras modalidades de suscripción, de tal forma que se minimice para las partes —y en particular al Asegurado, como parte débil— el vicio del consentimiento en perjuicio y se le aplique inmerecidamente el castigo máximo: el rechazo del reclamo.

*Artículo 47 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro (LSCS): cualquiera omisión o inexacta declaración de los hechos a que se refieren los artículos 8, 9 y 10 de la presente ley, facultará a la empresa aseguradora para considerar rescindido de pleno derecho el contrato, aunque no hayan influido en la realización del siniestro. **Artículo 7 de la LSCS: las condiciones generales del seguro deberán figurar en el mismo formulario de ofertas suministrado por la empresa aseguradora, o bien remitirse al proponente para que éste las incluya en la oferta del contrato que ha de firmar y entregar a la empresa. El proponente no estará obligado por su oferta si la empresa no cumple con esta disposición. Las declaraciones firmadas por el asegurado serán la base para el contrato. ***Artículo 8 de la LSCS: el proponente estará obligado a declarar por escrito a la empresa aseguradora, de acuerdo con el cuestionario relativo, todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo que puedan influir en las condiciones convenidas, tales como los conozca o deba conocer en el momento de la celebración del contrato.

 

Carlos Zamudio

Claims Manager México Claims and Risk Management

México Claims and Risk Management fue fundada en 2013.  Se especializa en acompañamiento en reclamaciones catastróficas y complejas, litigio y análisis de riesgos. www.mexicoclaims.com